En otro orden de ideas, los legisladores alzaron su mano para aprobar un crédito adicional de Bs.F 1.850.503, para la gobernación del estado, así como un traspaso de partida de Bs.F 1.190.392,76 provenientes la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, (LAEE), para la Corporación de Vialidad e Infraestructura de Anzoátegui, (COVINEA).

El presidente del ente legislador, diputado Irán Aguilera informó que los recursos que forman parte de la solicitud del crédito adicional que solicitó el ciudadano gobernador Tarek William Saab, provienen de la recaudación del cobro de tasas en las instalaciones de los peajes de Los Mesones y Los Potocos, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del año en curso, así como de los intereses devengados durante el mes de Agosto y los reintegros y recaudación de minerales no metálicos. Ese dinero será invertido en CORANZTUR, SALUDANZ, la Secretaria de Aeropuertos y la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui.

También fue aprobado un traspaso de partida de Bs.F 1.190.392,76 proveniente de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, (LAEE), a la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui, para la reparación y mejoras de la red hospitalaria, rehabilitación física y dotación del área de rayos X del Hospital Dr. Luis Razetti.

No obstante, indicó Carrasco que asistieron sólo los abogados afirmando que hay un nuevo patrono y que los empleados debieron firmar un contrato por un período de prueba de noventa días (tres meses), condición que les obliga a aceptar la disminución de su salario y sus reivindicaciones sociales.

Agregó el legislador que los trabajadores aceptan la sustitución del patrono, más no la firma del contrato, ya que la mayoría de ellos tienen desde diez meses hasta quince años laborando en esa empresa, por lo cual sería una desmejora notable ya que al finalizar ese período podrían prescindir de sus servicios, cuando ya contaban con una estabilidad laboral.

El legislador Edgar Carrasco rechazó categóricamente esta propuesta por parte de los representantes legales, porque va en contra de la lucha del gobierno revolucionario por dignificar a los trabajadores venezolanos.

“Nosotros no aceptamos esa propuesta, menos si entre los afectados se encuentran dos damas embarazadas y con amenaza de aborto, motivo por el cual se encuentran de reposo. Es criminal por parte de estos empresarios someter a estas personas injustamente a estos mecanismos”, expresó indignado el parlamentario.

De igual manera, Carrasco indicó  que elevará una protesta ante la cámara plena para que procedan sanciones importantes ante los funcionarios del Ministerio del Trabajo en la entidad, quienes han sido citados en dos oportunidades al parlamento regional por este caso y no han hecho acto de presencia. “Esta actitud nos parece sumamente grave porque estos trabajadores necesitan la protección de este organismo que está eludiendo su responsabilidad, entonces pediremos también a la ministra Iglesias que revise esta situación”, enfatizó el legislador.

Finalmente, Carrasco reiteró  que los empresarios que pretendan atropellar o desfavorecer a los trabajadores mediante la violación de las leyes, aquí en la cámara legislativa estadal estamos en pie de lucha con esos empleados para que sean dignificados y puedan recibir sus reivindicaciones salariales correspondientes”.

Además, agregó  que se han impartido instrucciones a los funcionarios del Departamento de Urbanismo de las alcaldías, de los registros subalternos y las notarías públicas para que cuando vayan a proceder la legalización de los inmuebles esté presente un representante de Indepabis, Gobernación y la cámara legislativa estadal, quienes son vigilantes de hacer respetar las leyes en esta materia.

Indicó  Carrasco que el pasado lunes fueron interpeladas las empresas Tao Insular, Inversiones Meta 2045, Casa Group o Inversiones Bahía, Inversiones La Estancia, esta última de El Tigre, municipio Simón Rodríguez.

“Apreciamos la manera como los dueños de estas constructoras decidieron revisar la lista de afectados para devolverles el dinero por el cobro ilegal del IPC, esperamos tener una respuesta para el viernes próximo y cumplan con lo establecido en la  Resolución 110 del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda (Mopvi)”, puntualizó el legislador.

No obstante, la Inmobiliaria País, Desarrollo El Tigre Palomar, no acudió a la interpelación, por lo cual enfatizó el legislador que las empresas constructoras que se han citado al parlamento regional y no han asistido, así como aquellas que se comprometieron a devolver el dinero y no lo hagan, serán remitidas directamente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar los procedimientos legales correspondientes por fraude y estafa.

Asimismo, prosiguió diciendo el legislador que hay empresas que procuran buscar interpretaciones de la ley, asegurando que están a la espera de una decisión del Tribunal Superior para ver si pagan o no, de acuerdo con la retroactividad de la mencionada resolución del Mopvi, pero ningún empresario ha solicitado dicha interpretación, quienes lo han hecho son los mismos afectados.

“Esta es una manera irresponsable para no darle la cara a lo establecido en la ley, pues la resolución es muy clara y no dejaremos que se burlen de la luchah que viene haciendo el gobierno revolucionario para que los venezolanos tengan una vivienda digna”, finalizó el legislador Edgar Carrasco.

Para tal fin, la Comisión de Salud y Desarrollo Social del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, (Cleanz), presidida por el legislador Edgar Carrasco, se reunió con las autoridades competentes para adelantar propuestas en cuanto a la construcción de lo que será el Parque Industrial de Anzoátegui. El legislador informó que ya se han realizado varias mesas de trabajos en las que han participado los entes y direcciones gubernamentales involucradas en la reconstrucción de la Zona Industrial.